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Masacre de Budge

El 8 de mayo de 1987, tres miembros de la policía
bonaerense asesinaron a tres jóvenes mientras tomaban una cerveza en la esquina
de Guaminí y Figueredo, en la localidad de Ingeniero Budge, provincia de Buenos
Aires. Tres suboficiales de la fuerza de seguridad mataron a balazos a tres
amigos que estaban conversando y tomando una cerveza en una esquina de su
barrio. Agustín recibió doce balazos, Roberto diez y Oscar siete.

Tras este hecho, el barrio denunció y se movilizó de
tal forma que logró evidenciar que la represión y los fusilamientos no habían
culminado tras el retorno de la democracia, sino que simplemente adoptaron
nuevas formas.  Por ello, desde el 2012,
ese día se instituyó como el Día
Nacional contra la Violencia Institucional.

Luego de contundentes movilizaciones populares para exigir justicia, en 1990, los policías responsables de la muerte de los tres jóvenes recibieron la primera condena. 

Sin embargo, ese mismo año, la Corte Suprema provincial anuló el juicio por un error técnico debido a “incongruencias y falta de fundamentación”. Tras un nuevo juicio, el 24 de junio de 1994 los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple. Aun así, debido a la fuga de los acusados, recién en el año 2007 los policías fueron efectivamente encontrados y enviados a prisión.

La desaparición, la tortura y la muerte, prácticas represivas inminentemente relacionadas con la dictadura cívico-militar, no habían cesado en diciembre de 1983. Ese accionar dirigido, en un comienzo, a militantes, estudiantes y obreros movilizados con el fin de desinstalar la idea de organización y una lucha colectiva, ahora estaba apuntado a los sectores sociales que más sufrían las consecuencias de un modelo económico implementado con sangre.

Actualidad: Doctrina Chocobar

A través de la Resolución N° 956/2018, el Ministerio de Seguridad autorizó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego. Éste amplía los casos en que policías u otros miembros de las fuerzas de seguridad pueden usarlas e incluso permite su utilización cuando una persona que supuestamente cometió un delito no está armada. También cuando los efectivos se vean superados en número.

La resolución, fue rechazada y repudiada por un amplio sector de organismos de derechos humanos y de un sector del arco político. Esta disposición habilita a los efectivos a disparar sin necesidad de dar primero la voz de alto.

“En el medio de esa violencia, sea estatal o particular, estamos los ciudadanos sujetos al peligro de que seamos objeto de una acción policial violenta, por estar casualmente en el medio de un enfrentamiento y sin siquiera haber sido protagonistas del tal episodio. Estamos todos en peligro y el peligro es para nuestra vida o nuestra integridad y esta es la verdadera inseguridad. Pero pareciera que a algunas personas lo que más les preocupa es no sufrir un delito contra la propiedad, considerando que la seguridad está en que no le roben la billetera, aun cuando el precio de ello sea la vida. Y este parece ser que es el pensamiento de la ministra, para quien habría que agradecerle a un policía cuando mata a alguien ante la posible tentativa de un delito o ante la suposición de que ello suceda” escribió Lucila Larrandart a Página 12, el 27 de mayo pasado ante el hecho ocurrido en San Miguel del Monte. Crimen cometido por la Policía Bonaerense el lunes 20, donde murieron dos chicos de 13 y 14 años, una chica de 14 y un joven de 22 en una persecución por ruta 3.

 


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Represión en el verdurazo

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Camila Petenatti

Universidad Nacional de Río Cuarto

Multimedia 2019


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